sábado, 29 de mayo de 2010

Informe Anual de DDHH


Los gobiernos poderosos torpedean los avances

En el prólogo del Informe Anual de Derechos Humanos de Anmistía Internacional su secretario general interino, Claudio Cordone, se pregunta si ha cambiado algo en estos dos últimos decenios el estado de los derechos humanos en el mundo. Y pese a que se ha avanzado mucho, reconoce que aún hay tareas pendientes, sobre todo un mayor compromiso por parte de las potencias mundiales.


Lo cierto es que se ha conseguido que la justicia internacional adquiera protagonismo, señala Cordone. Entre los avances más significativos es haber conseguido que en 1998 se cree la Corte Penal Internacional, que ha impulsado una serie de juicios contra delitos de derecho internacional, permitiendo que se procese en el extranjero a sospechosos cuando éstos disfrutan de impunidad en su lugar de origen.

Pero pese a estos avances, no son menores los obstáculos con lo que se ha estrellado la Justicia Internacional en su intento de llevar a cabo su cometido. Entre estos inconvenientes, los que más decepción ocasionan son los obstáculos que provienen de la negativa de los Estados para que la justicia internacional actúe con eficacia. Así lo señala Cordone en su informe, ya que aunque la rendición de cuentas ante la justicia por delitos de derechos internacionales es ahora una posibilidad, aún se interponen dos obstáculos monumentales. El primero es el hecho de que algunos Estados poderosos siguen actuando por encima de la ley, al margen de un escrutinio internacional efectivo. El segundo es que los Estados poderosos manipulan las leyes para proteger del escrutinio a sus aliados y presionan para que se rindan cuentas principalmente en los casos en que les conviene políticamente. Actuando así, agrega Claudio Cordone, brindan un pretexto a otros Estados o bloques de Estados para politizar la justicia de igual modo.

A finales de 2009 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional había sido ratificado por 110 Estados, pero sólo 12 de los países que forman el G-20 lo han hecho. China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia y Turquía, entre otros, se han mantenidos al margen de los esfuerzos de la justicia internacional cuando no los han socavado deliberadamente.

En este contexto resulta una labor casi imposible para la justicia internacional llevar a cabo su cometido, y por mucho que se intente avanzar, si las potencias dan la espalda a los procesos judiciales internacionales es muy difícil que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o las desapariciones forzosas sólo sean atrocidades del pasado.

Abusos en democracia

Y si a esto agregamos que el informe anual de Anmistía Internacional sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo denuncia que en la mayoría de las democracias donde se supone que el Estado de Derecho está garantizado también se cometen abusos contra los derechos humanos, el camino hacia una Justicia Universal eficiente se hace más pedregoso.

En Estados Unidos, por ejemplo, al finalizar 2009, 198 hombres seguían recluidos en el centro de detención de Guantánamo a pesar del compromiso del nuevo gobierno de cerrarlo antes del 22 de enero de 2010. Se procedió a realizar una revisión ejecutiva de todos los casos con el fin de determinar a qué detenidos se podía poner en libertad, procesar o transferir a otros países. Al finalizar el año, la mayoría de los detenidos de Guantánamo que había presentado recursos de hábeas corpus seguían a la espera de una decisión.

Es España, a su vez, el informe denuncia que continúan las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las víctimas de violencia de género, y en particular de trata de personas, seguían sin recibir protección y asistencia adecuadas del Estado. Se avanzó poco en la investigación de desapariciones forzadas y fosas comunes relacionadas con la Guerra Civil y el régimen de Franco. Las medidas adoptadas por el gobierno para abordar el racismo fueron insuficientes. La aplicación de la jurisdicción universal por delitos internacionales quedó restringida tras una reforma legislativa.

En Chile siguieron registrándose avances en el procesamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. En el sur, los pueblos indígenas continuaron reivindicando su derecho a la tierra y exigiendo respeto por otros derechos en medio de un clima de creciente tensión. El disfrute de los derechos sexuales y reproductivos siguió encontrando obstáculos.

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